Opinión. Con los caminos rurales no alcanza con recaudar, hay que gestionar

La provincia de Buenos Aires tiene una de las redes de caminos rurales más extensas del país: reúne cerca del 20% del total nacional. Por ella circula gran parte de la producción agropecuaria, pero también docentes, alumnos, trabajadores, transportistas y familias del interior bonaerense.Hoy, esa infraestructura vuelve a estar bajo presión. Las lluvias de las últimas semanas ya dejaron caminos anegados y dificultades para movilizar producción e insumos. A esto se suma un escenario que obliga a anticiparse: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó la presencia de El Niño y prevé que durante la primavera alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. Nuevas precipitaciones pueden encontrar a muchos distritos con suelos saturados, obras hidráulicas pendientes y una red vial vulnerable.Biocombustibles: avanzó en el Senado un nuevo régimen que sube los cortes y abre el mercado a una mayor competenciaEsta situación vuelve especialmente actual una discusión que suele concentrarse en cuánto dinero hay disponible. Los recursos importan, pero existe una cuestión previa: cómo se administran, con qué planificación, qué controles existen y qué participación tienen quienes financian y utilizan el sistema.En la provincia conviven dos fuentes de financiamiento. La Ley 13.010 creó el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que destina el 12% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a los municipios con red vial provincial no pavimentada. Además, cada municipio cobra su propia tasa vial. Para el productor, el vecino o el transportista, los caminos provinciales y municipales forman, en la práctica, una sola red.La normativa provincial ya ofrece una herramienta para ordenar el sistema. El Decreto 130/07 establece que cada municipio comprendido en la Ley 13.010 debe contar con una Comisión Asesora Local, integrada por el Ejecutivo municipal, entidades de productores y la Dirección de Vialidad provincial. La Comisión participa en el plan de mantenimiento, controla su cumplimiento y realiza el seguimiento de las obras. También exige un plan técnico anual e informes trimestrales.Buena parte de las herramientas que hoy se reclaman —planificación, participación y seguimiento— ya fueron pensadas hace casi veinte años. El desafío es convertirlas en una práctica institucional efectiva.PropuestaPor eso proponemos dar un paso más: modificar la Ley 13.010 para que el funcionamiento efectivo de la Comisión Asesora Local sea una condición para continuar recibiendo fondos provinciales.Un municipio debería demostrar que tiene la comisión constituida, un plan anual de mantenimiento aprobado, prioridades justificadas y mecanismos públicos de seguimiento. Ante incumplimientos reiterados, la ley debería prever consecuencias graduales.También debemos superar la lógica del mantenimiento año a año. Cada distrito debería contar con un Plan Director Vial Local plurianual, con un inventario actualizado de la red, clasificación, estado por tramo, tránsito, accesibilidad, obras hidráulicas pendientes y programación de inversiones.Gestionar es conocer, priorizar y asignar recursos con criterio.El escenario climático agrega una dimensión decisiva: la emergencia también debe planificarse. Un episodio de El Niño de intensidad fuerte no puede encontrar a cada municipio resolviendo sobre la marcha qué camino atender, dónde enviar una máquina o qué alcantarilla desobstruir primero.Los planes deberían identificar corredores indispensables, accesos a escuelas y centros de salud, puntos inundables, puentes y alcantarillas críticas, y prever maquinaria, operadores, combustible y materiales.La tecnología permite contar con información georreferenciada, casi en tiempo real, sobre transitabilidad, cortes, trabajos y caminos alternativos. Cuando el agua llega, esa información ayuda a sostener la actividad y evitar el aislamiento.Los productores y propietarios rurales hacen un aporte económico significativo. Es razonable que puedan conocer el presupuesto vial, las prioridades, las obras programadas y su grado de ejecución. Esto implica sumar participación, información y control a una política financiada, en gran medida, por sus propios usuarios.Cada municipio debería publicar cuánto recibió por la Ley 13.010, cuánto recaudó por tasa vial, qué presupuesto destinó a caminos, qué programó, qué ejecutó y cuál fue el costo.DebateExiste, además, un debate legislativo en torno a incrementar el porcentaje del Impuesto Inmobiliario Rural destinado al Fondo Compensador. Es una discusión legítima. Pero aumentar los fondos sin mejorar las reglas de administración sería una oportunidad perdida.Más recursos deberían significar más planificación, profesionalización, transparencia y control.El Niño vuelve a recordarnos que el clima forma parte de la realidad bonaerense. Las lluvias no pueden evitarse, pero sus consecuencias pueden reducirse con infraestructura bien mantenida, obras hidráulicas coordinadas y capacidad de anticipación.Los caminos rurales constituyen infraestructura esencial, son obras de ingeniería y forman parte del patrimonio público. Necesitan recursos, pero, sobre todo, una política de Estado que permita saber qué hacer, dónde hacerlo, cuánto cuesta y cómo controlar que se haga.El desafío es que la próxima lluvia intensa nos encuentre preparados y no, una vez más, improvisando.Palazón es director de la Sociedad Rural Argentina Capra es especialista en caminos rurales y miembro de la Asociación Argentina de Carreteras