En plena guerra dentro de la Corte Suprema de Brasil, un juez aparta al jefe de la Policía Federal de Lula

BRASILIA.– En un nuevo capítulo del enfrentamiento que sacude al máximo tribunal brasileño, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ordenó este martes el apartamiento preventivo de Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal (PF), designado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva.El juez, que calificó los hechos de “extrema gravedad”, alega que la inteligencia de la propia fuerza lo sometió a “monitoreo sistemático” y “recolección dirigida” durante más de un mes, y que esos informes revisaron sus fallos y el trabajo de los investigadores policiales como si se tratara de un sumario interno.“Se trata de un monitoreo ilícito de un ministro de la Corte Suprema del país, lo que por sí solo revela la gravedad de la situación”, escribió el juez. Rodrigues, sostuvo, tenía “pleno conocimiento” del material.Horas después, la Segunda Sala del tribunal que integra Mendonça, indicado para la corte por el expresidente Jair Bolsonaro en 2021, formó mayoría para mantener la medida. El decano, Gilmar Mendes, pidió vista del expediente, pero Luiz Fux y Nunes Marques adelantaron sus votos y respaldaron al relator: tres de los cinco integrantes. El alejamiento sigue vigente. La decisión alcanza también a Leandro Almada da Costa, director de Inteligencia Policial.Mendonça está en el centro de una guerra abierta en el tribunal. El origen es el caso del Banco Master, uno de los mayores escándalos financieros del país. El Master atraía clientes con certificados de depósito que pagaban mucho más que el mercado y estaban garantizados por el fondo que cubre los ahorros. La investigación sostiene que, para financiarse, le vendía a otros bancos carteras de préstamos que en buena parte no existían. En noviembre pasado, el Banco Central lo liquidó y la policía detuvo a su fundador, Daniel Vorcaro, cuando intentaba salir del país en un avión privado. Desde entonces, el expediente fue revelando una red de contactos del banquero con autoridades y figuras de todo el arco político.La semana pasada, Mendonça, a cargo del caso Master, levantó el secreto de un informe policial de 218 páginas elaborado sobre un celular incautado a Vorcaro. Durante trece días de noviembre, el banquero le escribió a un contacto guardado como “Alexandre de Moraes BRASILIA” para pedirle que frenara la liquidación del banco. Dos días antes de su detención, le preguntó si tenía que estar fuera del país el lunes siguiente. Los mensajes se enviaron mediante capturas de visualización única y la policía no recuperó una sola respuesta; quedó registrado apenas lo que Vorcaro escribió.El informe arrojó otros datos. El número de Moraes fue guardado en diciembre de 2023, un mes antes de que el estudio de la esposa del juez, Viviane Barci, firmara con el Master un contrato de 131 millones de reales, unos 25 millones de dólares, por tres años de servicios jurídicos. Los investigadores hallaron indicios de al menos seis encuentros entre ambos, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. En uno de los mensajes, el banquero escribió: “Tengo la gratitud de mi vida hacia usted”. La defensa de Barci sostiene que el contrato correspondió a servicios regulares.Moraes, que todavía no explicó la existencia de esos mensajes enviados desde el celular del banquero, contraatacó dos días más tarde. El juez, identificado con el Planalto por su rol como conductor de los procesos por el intento de golpe de enero de 2023, que terminaron con la condena de Bolsonaro a más de 27 años de cárcel, pidió al presidente de la corte, Edson Fachin, que se investigue a Mendonça por abuso de autoridad y delito de responsabilidad, y lo acusó de romper la imparcialidad judicial para favorecer a “determinados grupos políticos”.El magistrado se apoyó en informes de inteligencia que él mismo le encargó a la PF. Esos informes no llevan firma ni membrete de la fuerza. Mendonça sostiene que son “apócrifos” y que se declaran a sí mismos “sin valor probatorio”. Uno de ellos, tras admitir que la confianza en sus conclusiones era “baja”, cierra habilitando “monitoreo y recolección dirigida”. El despacho de Moraes niega que haya recibido los mensajes y calificó de “ilación mentirosa” la versión de que conversó con el banquero. Las dos denuncias están en manos de Fachin.El gobierno de Lula venía intentando mantenerse a distancia de una crisis que hasta ahora enfrentaba a dos jueces. Pero el apartamiento de Rodrigues, que conducía la PF desde el inicio del mandato y custodió a Lula en la campaña de 2022, lo arrastra al centro de la escena.El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, salió a responder este martes.“Nadie está por encima de la ley. Sobre esa base, la decisión de André Mendonça es descabellada y una intromisión donde no le corresponde. Investigar eventuales indicios de delitos está bien. Pero esta medida me huele a electoral”, dijo.El temor en el Planalto es que la crisis incline la balanza en la elección. El senador Flavio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal, viene surfeando el discurso contra el sistema judicial y contra Moraes en particular. Este martes celebró el fallo en redes: “Grupo especial de Lula en la Policía Federal desenmascarado oficialmente”. El lunes, en el feriado de la independencia, encabezó un acto en la avenida Paulista con dos consignas: “Fuera Lula” y “Fuera Moraes”.La crisis llega en un momento de máxima paridad electoral de cara a las presidenciales del 4 de octubre. Una encuesta de BTG/Nexus divulgada este martes ubicó al senador Bolsonaro por primera vez numéricamente por encima del presidente en un eventual balotaje, 46% a 45%, dentro del margen de un empate técnico.