Luz, cámara, Malvinas

Dos novedades internacionales están modelando la estrategia de Javier Milei para defender, como obliga la Constitución, la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. La primera es la divergencia cada vez más profunda entre los Estados Unidos e Israel, por un lado, y el Reino Unido, acompañado por Francia y Canadá, por otro, respecto de los conflictos de Medio Oriente. Es imposible saber qué duración tendrá ese entredicho entre antiguos aliados. La otra novedad es el atractivo económico de Vaca Muerta, que es utilizado por el Gobierno como herramienta de presión para inhibir a las petroleras que quieran hacer negocios con los “kelpers”. La escena que se configuró a partir de estos factores, que tienen alcance muy diverso, fortalece una decisión que Milei parece haber tomado hace ya tiempo. Él está relativizando la estrategia fundada por Miguel Ángel Zavala Ortiz durante el gobierno de Arturo Illia, que consistió en apostar a las negociaciones con Londres en el marco de las Naciones Unidas. El Presidente está más próximo al curso de acción que prefirió el kirchnerismo: ejercer una especie de embargo sobre la población de las islas acorralando con sanciones a los potenciales inversores que quieran hacer negocios habilitados por el gobierno usurpador.El desencuentro de los Estados Unidos e Israel con el Reino Unido tuvo una manifestación muy elocuente en marzo pasado, cuando el gobierno laborista de Keir Starmer se negó a autorizar al de Donald Trump a utilizar la base militar de la isla Diego García para atacar a Irán. Más agresivo que ese veto fue el argumento en que se sostuvo: Irán no era el agresor sino el agredido. Si se repasa la historia de la alianza militar norteamericano-británica, esa fue una diferencia de primera magnitud. En ese contexto apareció un cable del Pentágono que insinuaba que Washington podría revisar su neutralidad en el diferendo por Malvinas. El episodio ligado a la guerra contra Irán se inscribe en una tensión más amplia: la decisión de Trump de replegar a los Estados Unidos de su rol de garante de la defensa atlántica, exigiendo un mayor aporte económico europeo al sostenimiento de la OTAN. También en este punto Londres está enfrentada con Washington. El gobierno laborista se niega a hacer los recortes fiscales a los que estaría obligado si tuviera que contribuir, como pretende Trump, con 3% de su PBI al sostenimiento de la organización militar aliada. El actual primer ministro, Andy Burnham, promete cumplir con ese requisito para 2035. Pragmáticos, los ingleses se proponen arrastrar los pies hasta que Trump abandone la Casa Blanca. Como si la retracción norteamericana fuera una ocurrencia exclusiva del actual presidente. En este clima de desavenencia, la semana pasada Trump repitió los términos de aquel cable del Pentágono. Milei, impulsado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, le tomó la palabra y lanzó una iniciativa política que ocupa hoy los principales esfuerzos de la administración.A esta divergencia se agregó la crítica del Reino Unido, Francia y Canadá contra Israel por la expansión de los asentamientos de colonos sobre Cisjordania. La posición tradicional del Reino Unido es que la ocupación israelí sobre esos territorios de Cisjordania viola el derecho internacional. Además de ratificar esa tesis, el gobierno del laborista Andy Burnham propuso castigar a las compañías que faciliten el establecimiento de israelíes en esa región. El principal argumento de Burnham es que Israel dificulta la existencia de un Estado palestino con territorio en Cisjordania y Gaza. Además, denuncia que la ocupación se realiza con violencia.Burnham es criticado por la oposición conservadora, que alerta sobre el costo que puede tener para Gran Bretaña un conflicto con Israel y con empresas que operen en la Cisjordania ocupada.La reacción en Israel ha sido, siguiendo a Trump, utilizar la usurpación de las Malvinas como argumento contra Londres. En un juego de espejos, el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, pidió a Benjamin Netanyahu que sancione al Reino Unido por la anexión ilegal de Malvinas.La defensa británica en el Parlamento es muy significativa para la disputa con la Argentina: el avance de los colonos israelíes no sería igual a la presencia del Reino Unido en las islas porque es resistido por el pueblo palestino. En otras palabras, los británicos apelan al principio de autodeterminación de los pueblos, al deseo de la población radicada en las tierras en conflicto. Es una diferencia importantísima con la diplomacia argentina, que siempre ha considerado que los “kelpers” no son el “pueblo” de Malvinas sino una población implantada por una apropiación ilegal. Para dirimir la soberanía se pueden tener en cuenta los intereses de los habitantes, pero no sus deseos. De este debate depende, entre otras cosas, qué comité de Naciones Unidas tiene competencia sobre el diferendo. La Argentina siempre fue exitosa en conseguir que sea el comité de descolonización.Más allá de las diversas modulaciones de estos conflictos entrelazados, apareció un fenómeno nuevo del que Milei intenta sacar todo el provecho posible. Es este: la ocupación de Malvinas se ha convertido para el Reino Unido en una vulnerabilidad en la que hunden el puñal las potencias que rivalizan con él.El gobierno libertario profundizó una estrategia que ya había esbozado. Cuando la canciller Diana Mondino justificó un voto en contra del embargo norteamericano a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas con el argumento de que, si no acompañábamos esa posición tradicional, no conseguiríamos los votos contra el Reino Unido en la cuestión Malvinas, Milei no dudó en despedirla. Demostró allí que él no sacralizaba la escena multilateral de la ONU. Y que prefería mucho más obtener beneficios de una lealtad canina hacia los Estados Unidos de Trump.Milei tiene derecho a pensar que eligió el camino correcto. Por las ambiguas declaraciones de Trump y por la posición pro argentina de su otro aliado, la derecha israelí. A la luz de ese éxito, la Casa Rosada vuelve a confiar en la estrategia que arrojó a Mondino fuera del palacio. El reclamo por Malvinas no debe sostenerse tanto en las gestiones multilaterales como en el hostigamiento a la economía “kelper” a través de algo muy parecido a un embargo. La administración libertaria se distancia, entonces, de la línea radical. Y se recuesta sobre la del kirchnerismo. La ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso potencia la que en su momento impulsaron dos nacionalistas como Pino Solanas y Cristina Kirchner. Con una curiosidad: el espíritu de esa normativa procede de un proyecto frustrado de Eduardo Menem, quien siendo senador siempre mantuvo en relación con las Malvinas un temperamento mucho más combativo que el que convalidaba su hermano Carlos, respaldando al canciller Guido Di Tella. En el menemismo convivieron dos concepciones alrededor de esa disputa: la de Carlos Menem/Di Tella y la de Eduardo Menem/Mario Cámpora, su asesor en la materia.No deben sorprender algunas afinidades. La Libertad Avanza tiene algunas expresiones nacionalistas afines e incluso más marcadas que las del kirchnerismo. Basta repasar los mensajes del “Mago” Caputo a través de su cuenta de X. Allí declaró que para los Estados Unidos “Inglaterra es el pasado y la Argentina es el futuro”. Dijo que para defender la soberanía territorial la Argentina debe ser, entre otras cosas, “militarmente respetable”, una afirmación inquietante en el contexto de la discusión sobre Malvinas. Caputo también señaló como agentes británicos a quienes se opongan a las actuales decisiones del Gobierno en relación con esta materia. Y ordenó: “Márquenlos”. Bromas de un mago.La decisión de sancionar a empresas que hagan negocios concedidos por el gobierno “kelper” en territorio argentino se apalanca sobre otra novedad de época: el valor que tiene la formación Vaca Muerta para las empresas internacionales de servicios petroleros. La amenaza de “no hacés negocios en la Argentina si te involucras con los negocios de los usurpadores en Malvinas” tiene otro voltaje. Milei resolvió llevarla a fondo. Más allá de lo que en su momento ensayaron Cristina Kirchner o Alberto Fernández.El programa de sanciones debe atravesar algunas encrucijadas críticas que, cabe esperar, ya fueron contempladas. Son los desafíos propios de un sector, el petrolero, en el que las operaciones suelen estar entrelazadas. El Gobierno ya experimentó este problema. Una de las notificaciones que advertía sobre castigos a empresas que operaran en relación con el proyecto Sea Lion, en Malvinas, estaba dirigida a la empresa Bluewater. Es la compañía de servicios contratada por Navitas, la principal accionista del consorcio que opera en las islas, para proveer la planta flotante para la extracción de petróleo de Sea Lion.Gracias al aviso de un diplomático advertido de esta historia, se demoró el envío de la carta. Sencillo: Bluewater es la fabricante de las dos monoboyas en las que se sostendrá el oleoducto que sacará el petróleo de Vaca Muerta a través del puerto de Punta Colorada. Las autoridades hicieron una excepción y esperaron a que esas boyas salieran de Dubai, sortearan el bloqueo del estrecho de Ormuz y fueran transportadas hasta la Argentina.Las fechas de los contratos de Bluewater plantean un problema. En junio de 2025 el consorcio que opera el oleoducto, al que pertenece YPF, contrató a esta compañía como proveedora de las monoboyas. Pero Bluewater ya tenía un contrato con Navitas, de Sea Lion, que ya era público en enero de ese año. La ley que prevé sanciones para casos de este tipo, y que Milei quiere endurecer, no se aplicó. ¿Se ignoraba la relación de Bluewater con Navitas? ¿O el Gobierno no estaba tan sensibilizado con las inversiones en Malvinas como empezó a estarlo después de las declaraciones de Trump?Anoche, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, redactaron otra tanda de denuncias contra firmas que colaboraron, de un m