Estiman que el Estado perderá cerca de US$3000 millones por el impacto del contrabando y la subfacturación en 2026

Ya se convirtió en un problema estructural en la Argentina. En el Gobierno quizás tomaron total conciencia cuando el CEO global de una cadena de supermercados lo puso sobre la mesa el día que el presidente Javier Milei visitó a su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. El dato es demoledor. Un cálculo privado —sobre solo 15 sectores de la economía— estimó que este año el Estado perderá US$2855 millones (0,4% del PBI) por el impacto del contrabando y la subfacturación. Inevitablemente, el tema se tratará en las próximas horas en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tiene una mesa para medir el impacto del contrabando. Por otra parte, la entidad fabril fue una de las asociaciones empresarias que firmaron un convenio con el Gobierno y las plataformas la semana pasada para atacar el fenómeno.La pérdida fiscal es aplastante, según la consultora privada MAP, y sería incluso mucho más importante si se pudieran sumar a aquellos sectores en los que actualmente es imposible recolectar información sobre este fenómeno. Pero con los quince analizados sobran las analogías sobre el golpe a las arcas: esos US$2855 millones equivalen a todo lo que se recauda por impuestos internos, 1,6 veces lo recaudado por Bienes Personales, el 10% de lo que acumulan las 24 provincias por el impuesto a los ingresos brutos, el 55% del total de las retenciones o el 56% del impuesto a los combustibles.“En términos de gasto, esos recursos alcanzarían para financiar una cantidad significativa de obras de infraestructura social y vial”, estimó el informe. Se podrían hacer 2400 escuelas, 120 centros ambulatorios de salud o 2250 kilómetros de rutas nacionales, según consignó la consultora de Juan Pablo Ronderos. “El contrabando impide generar 11.300 empleos formales”, creen.Un fenómeno que empeoró “El contrabando está instalado y empeoró”, dijo Ronderos, que mencionó una “desregulación exagerada” en algunos casos, si bien ratificó que apoya tanto la apertura comercial que impulsa el Gobierno como la simplificación. “Esto ya no es coyuntural; es estructural y afecta a muchos sectores”, afirmó.El documento de MAP recuerda que el país ocupa el puesto 120 de 158 en el ranking de comercio ilícito sectorial (TRACIT Illicit Trade Index 2025). Este problema se agravó: la Argentina ya está entre los 20 países con mayor comercio ilícito de bienes gravados del mundo (16 de 193), según el score de criminalidad asociado al comercio ilícito de bienes gravados (GI-TOC*).“La problemática siempre existió, pero se agravó con la necesaria apertura y desregulación de la economía, que debilitó los mecanismos tradicionales de fiscalización y facilitó la libre circulación de mercadería ilegal”, estimó el informe de la consultora privada y luego describió: “En 2024 se eliminó el control documental y físico obligatorio (canal rojo) para textiles, calzado y productos con medidas antidumping, y se eliminaron los valores criterio de importación, la herramienta que permitía frenar la subfacturación antes del despacho: hoy el control de valor es posterior y selectivo. A esto se suman limitaciones de larga data, como tecnología de control obsoleta y falta de capacitación del personal en puertos y fronteras”. Ronderos explicó que, aun con la retracción del consumo y el achicamiento de los mercados, el contrabando mantiene una presencia significativa. “Es una práctica que ya se instaló y que encuentra caminos para sostenerse y crecer incluso cuando la demanda total cae”, explicó el especialista. El impacto en los 15 sectoresComo se mencionó, la consultora privada trabajó sobre 15 sectores, en los cuales el contrabando y/o subfacturación se ubica entre 10% y 83% del mercado. Para MAP, golpea al consumidor (posible fraude, falta de garantía, riesgos de salud y seguridad) y a las empresas legítimas (pérdida de ventas, competencia desleal, costos de cumplimiento, riesgo reputacional).LA NACION fue el medio que dio cuenta del primer estudio que hizo la consultora sobre el tema para 2025, pese a que se publicó este año. En ese primer documento, el año pasado el Estado había dejado de percibir ingresos fiscales por unos US$2300 millones. Sin embargo, gran parte de ese problema se debía a un sector, cerveza (US$ 1100 millones), que en este estudio no aparece. “Hay contrabando de cerveza. Lo que vemos hoy es que es un problema más de frontera que de grandes centros urbanos”, contaron en el sector cervecero a este medio cuando consultó. El caso más afectado entre los sectores relevados es el de la perfumería árabe: allí el 83% es contrabando. Le sigue el de celulares, donde el 40% del mercado es contrabando. En juguetes es el 33%. En la industria textil, por caso, el 30% de las importaciones están subfacturadas. Es el mismo porcentaje de subfacturación que existe para la marroquinería. Los televisores y pequeños electrodomésticos conviven en un mercado en el que el 25% y 22%, respectivamente, sufren por compras al exterior subfacturadas. El 17% del calzado no deportivo se factura por debajo de su precio real cuando se compra en el exterior. En línea blanca, ese porcentaje llega al 16%. El 15% del mercado de agroquímicos (fitosanitarios) es contrabando. Es el mismo porcentaje para la yerba mate. El 13% del mercado de las bebidas espirituosas es contrabando. Pasa lo mismo con el 11% del mercado del tabaco y de los neumáticos, y el 10% del de calzado deportivo. ¿En qué sector se pierde más recaudación por el contrabando o la subfacturación? En el de las bebidas espirituosas, la pérdida llega a US$1400 millones. Le siguen indumentaria (US$470 millones), celulares (US$255 millones); cigarrillos (US$230 millones), agroquímicos (US$205 millones), neumáticos (US$55 millones), juguetes (US$50 millones), yerba mate (US$50 millones), calzado no deportivo US$40 millones), calzado deportivo (US$40 millones), marroquinería (US$25 millones), línea blanca (US$13 millones), perfumes árabes (US$10 millones), televisores (US$6 millones) y, finalmente, prequeños electrodomésticos (US$5 millones).La semana pasada, Insight LAC publicó un ejercicio teórico sobre el impacto total del contrabando en la Argentina (a diferencia del de MAP que fue directamente a los sectores). El trabajo, titulado Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, estimó que el comercio ilícito representa el 5,06% del producto bruto interno (PBI) argentino. Fue solo unos días después de que el Gobierno, varias cámaras empresarias y las plataformas sellaron un acuerdo para controlar el comercio digital. La idea, dijeron, es “combatir el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo”. Firmaron, entre otros, Mercado Libre, Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram), Frávega y Cetrogar. También la UIA, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores (CIRA), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte).