Tras el archivo de la causa, renunció el funcionario que había denunciado a un concejal de tener vínculos narcos

Hace 20 días, el por entonces secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez, Nicolás Rappazzo Demarchi, denunció por presuntos vínculos con el narcotráfico al concejal oficialista Javier Tarragona, de Fuerza Patria. Pero la presentación no avanzó en la Justicia y la investigación fue archivada “hasta la aparición de nuevos elementos que justifiquen su reapertura”.Tras la decisión del fiscal Ezequiel Freydier, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, Rappazzo Demarchi presentó la renuncia, que anteayer fue aceptada por el intendente Mauro García. “Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez a fin de llevar a su conocimiento que en el día de la fecha me entrevisté de manera personal con un vecino de General Rodríguez, quien se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias, el cual me refirió hechos de extrema gravedad institucional. En concreto, manifestó que el concejal del espacio de Fuerza Patria Javier Tarragona forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodríguez, la cual posee distintos puntos de venta en nuestros barrios”, había sostenido Rappazzo Demarchi en su presentación, que después ratificó ante el Ministerio Público Fiscal.Según la denuncia, los supuestos narcos viven en un country situado en la ruta 24 y Acceso Oeste, General Rodríguez.“En tal sentido, el denunciante refirió que Tarragona habría intentado –sin éxito– ‘averiguar’ sobre los allanamientos que se realizarían de cara al futuro en materia de lucha contra el narcotráfico en el distrito, con el objetivo de advertir a sus ‘jefes’ evitando así el secuestro del material prohibido y continuar con esta actividad delictiva y que posee el ‘manejo de una cocina’ de clorhidrato de cocaína en la ciudad”, se sostuvo en la presentación.Según se desprende del expediente judicial, el concejal Tarragona se presentó ante el fiscal, acompañado de un abogado defensor, y “negó comisión, participación y/o injerencia en delito alguno”.El edil “aportó documentación respectiva a su designación como funcionario legislativo, integró una copia certificada del recibo de sueldo que por su cargo percibe, expresó información crediticia, adjuntó la documentación consistente al vehículo de su propiedad, indicando -también- el número de su abonado de telefonía celular móvil, resaltando que mediante escritos alusivos que fueron presentados a la causa, realizó la formal entrega de su aparato telefónico móvil del que expuso ser propietario y de su uso exclusivo, detalló entrega de su tarjeta SIM de telefonía utilizada en su equipo, poniendo a disposición -además- el pin de acceso al mismo a los fines de proceder ante la hipótesis de una apertura y posterior análisis de las comunicaciones contenidas en aquel, según lo que fuera relatado en su escrito presentado antes aludido”.En su dictamen, donde decidió archivar la investigación, el representante del Ministerio Público sostuvo que “no puede dejar de soslayarse que —llamativamente— el curso de la denuncia promovida tomó inmediata repercusión mediática y estado público de manera concomitante a su presentación, ello pese a la ‘gravedad’ argumentada; la publicidad alcanzada por la denuncia opera en sentido contrario al sigilo que debe imperar conforme al tópico de los delitos detallados de posible comisión, lo que -en definitiva- se traduce en obstáculos para una instrucción eficiente”.El fiscal explicó que, tras la denuncia, se hicieron diferentes diligencias respecto de Tarragona.“Ni del texto de la denuncia, como tampoco de la ratificación de su contenido por quien denunciara, surgen elementos de relevancia que permitan su acreditación, y ello así sobre el fundamento de que lo ventilado expone evidentes falencias, puesto que: no se ciñe a una franja o ventana temporal determinada para la presunta comisión de los delitos enumerados. Tampoco se mencionan ni se indican nombres, apellidos, siquiera apodo alguno y/o dato de identificación de componentes de integración de banda criminal o de narcocriminalidad que permitan dirección posible a la pesquisa. Idéntica suerte corre lo relativo a la presunta existencia indicada de una ‘cocina de cocaína’, pues no ha sido aportado elemento en pos de su acreditación y/o ubicación”.Tras la denuncia, según allegados a Rappazzo Demarchi, fueron amenazados sus hijos y también fue atacado a balazos el inmueble donde funciona la sede de su agrupación política.